Rafael Barrios, presidente de la organización, defendió el papel de esa ONG en el caso Mapiripán.
Barrios aseguró que toda la actuación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo se basó en las investigaciones realizadas por el mismo Estado colombiano.
El presidente de la ONG dice que el coronel (r) Hernán Orozco, que está asilado en Estados Unidos por las gestiones del Colectivo, debe ser extraditado a Colombia para que cumpla con su condena.
¿La confesión de Mariela Contreras en la Fiscalía, que admite que fue reparada por la masacre de Mapiripán sin tener derecho a ello, es la primera noticia que tienen ustedes sobre falsas víctimas en ese caso?
Apenas en este momento conocemos que hay dudas. Este es un problema del Estado desde el principio, que no actuó con la debida diligencia. Es al Estado al que le corresponde determinar quiénes son las víctimas.
¿Cómo no se dan cuenta de un caso como el de la señora Mariela Contreras, a quien el Estado reparó por tres familiares que no murieron en 1997?
Ante todo hay que determinar la responsabilidad de este asunto en cabeza del Estado. La señora Mariela Contreras llegó primero a entidades del Estado, no al Colectivo. Ella acudió a la Red de Solidaridad Social y luego declaró en la Fiscalía.
Diego Armando Martínez, su hijo, el primero de diciembre del 2000 obtuvo la tarjeta de preparación de su cédula de ciudadanía en la Registraduria, es decir, acudió primero al Estado. Su hijo Hugo Fernando se desmovilizó en el 2008, acudió primero al Ministerio de Defensa. En el 2009, en unas valoraciones sicosociales contratadas por el Estado para las víctimas de Mapiripán, el hijo menor de Mariela Contreras dice que en noviembre del 2008 apareció a uno de sus hermanos, y que por las confesiones de un paramilitar desmovilizado supieron que el otro había sido asesinado y enterrado en una fosa común.
Lo que ha dicho este menor lo sabe el Estado colombiano desde el 2009, pero solo ahora lo conocen la opinión pública y el Colectivo.
¿Pero ustedes hacen algún filtro a las declaraciones de las víctimas?
Debemos, con base al principio de la buena fe, creer en lo que ellas dicen. Pero nosotros somos filtro y queremos evitar que nos metan goles. En este caso lo ejercimos, porque ella va a la Fiscalía y judicializa su denuncia. Segundo, nos basamos en ese testimonio, en lo que se envió acá en diciembre del 2003 y los subsecuentes testimonios que se mantienen hasta 2009. Los familiares de víctimas la avalan. Para nosotros era una testigo fiable.
¿Cuánta plata recibió el Colectivo por el caso Mapiripán?
Es cierto que el Colectivo recibió aportes de los familiares. Son aportes porque no son los honorarios que típicamente fija el Colegio de Abogados, incluso, están por menos de ese monto. Eso suma 7.063 millones de pesos. Es importante aclarar que esos dineros no van al bolsillo de los abogados, van a un fondo común, porque que litigio ante el Sistema Interamericano no tiene una financiación de agencias internacionales. El fondo tiene la finalidad de que podamos representar a víctimas en el futuro.
Esta situación de Mariela Contreras es complicada, ella ha mentido de manera consistente y persistente ante las autoridades y si eso se ratifica, el Colectivo devolverá lo que haya recibido por parte de las personas que se presentaron como víctimas sin serlo. De eso no hay duda.
¿Habría que hacer una revisión de la veracidad de las víctimas en otros casos?
Hay que preguntarse por qué una persona de su edad y su medio mantiene una versión que es coherente durante varios años y luego se retracta. Le mintió al Estado, a los representantes de las víctimas y a los sicólogos.
Esto algo atípico, no representa un patrón, es un caso supremamente excepcional. Llevamos la representación en la historia de 400 casos de Derechos Humanos y solo cinco han ido a la Corte Interamericana.
Por primera vez se presenta esta situación como esta, que no puede ser generalizada. Según la nueva Ley de Víctimas, se presume la buena fe. Si aquí, a partir de un hecho aislado, comenzamos a dudar de todas las víctimas, entonces apague y vámonos. María Bustos, asilada en otro país, ha sido mencionada por varias falsas víctimas como la persona que los contactó para llevarlos al Colectivo.
¿Tienen dudas de su presunta participación en el montaje?
En el 2002, el Colectivo solicitó medidas cautelares de protección porque ella manifestó que venía siendo perseguida, acosada. Con base en el procedimiento que hay en el Ministerio del Interior, el Estado le pagó los pasajes. Hubo intermediación para que Canadá le otorgara el asilo. Hasta allí tuvimos qué ver. No tengo dudas de que ella fue amenaza y hostigada.
¿Cómo explicar que el coronel Hernán Orozco, condenado a 40 años por la masacre de Mapiripán, esté libre, asilado fuera del país gracias a las gestiones del Colectivo de Abogados?
